¿Progreso o Retroceso? Por Qué el Futuro del Perú No Se Gobierna con Ideologías del Pasado

Modificar las reglas de juego económicas de la Constitución peruana de 1993 es, sin duda, el epicentro de la polarización política en el país. Se enfrentan dos visiones de desarrollo radicalmente opuestas.

¿Considera usted que hay que cambiar el capítulo económico de la constitución? Argumente.No se puede ignorar la historia: el régimen económico actual fue el instrumento que sacó al Perú del colapso absoluto de finales de los años 80. Gracias a las reglas claras de la Constitución de 1993, pasamos de ser un país inviable e hiperinflacionario a convertirnos en una de las economías más estables de la región. El blindaje a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP), el libre mercado y la apertura comercial atrajeron inversiones privadas históricas que multiplicaron el tamaño de nuestra economía y redujeron la pobreza de forma sostenida durante décadas. Cambiar estas reglas de juego equivaldría a tirar por la borda los cimientos de nuestra propia estabilidad

Para mí, resulta evidente que las carencias del país no nacen del texto constitucional. El dinero existe; el modelo ha generado recaudaciones fiscales récord gracias a la minería y a la actividad empresarial. Por lo tanto, sostengo que la falta de hospitales dignos, colegios modernos y carreteras no es culpa del libre mercado, sino de la profunda ineficiencia y corrupción en la gestión del Estado, especialmente a nivel de los gobiernos regionales y locales. El problema no es cómo se genera la riqueza, sino cómo el aparato estatal la administra y la gasta. Modificar la Constitución no hará que un funcionario corrupto o incapaz aprenda a ejecutar un presupuesto a favor de todos los peruanos.

Considero que la confianza es el activo más frágil de una economía. Abrir la puerta a un cambio del capítulo económico, o peor aún, a una Asamblea Constituyente, sembraría una incertidumbre jurídica devastadora. Ningún empresario, ya sea un gran inversionista minero o un pequeño emprendedor local, arriesga su capital si las reglas del juego pueden cambiar mañana por criterios políticos o ideológicos. Si se ahuyenta la inversión, se destruye el empleo formal, cae la recaudación de impuestos y, paradójicamente, el Estado terminará con menos recursos para ayudar a los más vulnerables.

Finalmente, propinarle un manotazo al capítulo económico no es una solución social, es un suicidio económico impulsado por el resentimiento político. Quienes prometen que cambiando la Constitución el dinero brotará mágicamente de los bolsillos del Estado le están mintiendo descaradamente al país; lo único que van a democratizar es la pobreza. El modelo económico actual no ha fallado; lo que ha fracasado estrepitosamente es la clase política parasitaria e incompetente que ha dilapidado los miles de millones de la recaudación fiscal mientras culpa a un pedazo de papel de sus propias corruptelas. En el Perú, el libre mercado genera la riqueza que los malos gobiernos destruyen; por ende, cambiar las reglas de juego para darle más poder al Estado empresario no es soberanía, es condenar a los peruanos a revivir la pesadilla inflacionaria y miserable de los años 80. El motor económico se queda; lo que urge cambiar, y con urgencia, es a los conductores

Luego del análisis, ¿cree que la propuesta de partidos políticos de izquierda impulsará un crecimiento económico?

Si tengo que asumir una posición definitiva sobre el rumbo económico del país, mi respuesta es un no rotundo al cambio del capítulo económico de la Constitución de 1993 y una absoluta convicción de que las propuestas de izquierda jamás impulsarán el crecimiento económico. Considero que modificar nuestro marco constitucional o abrazar recetas estatistas sería un suicidio financiero que condenaría al Perú al retroceso.

Sostengo mi postura bajo los siguientes fundamentos:

No puedo ignorar la historia: el régimen económico actual fue el instrumento que sacó al Perú del colapso absoluto de finales de los años 80. Gracias a las reglas claras de la Constitución de 1993, pasamos de ser un país inviable e hiperinflacionario a convertirnos en una de las economías más estables de la región. El blindaje a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP), el libre mercado y la apertura comercial atrajeron inversiones privadas históricas que multiplicaron el tamaño de nuestra economía y redujeron la pobreza de forma sostenida. Cambiar estas reglas de juego equivaldría a tirar por la borda los cimientos de nuestra propia estabilidad.

Para mí, resulta evidente que las carencias del país no nacen del texto constitucional. El dinero existe; el modelo ha generado recaudaciones fiscales récord gracias a la minería y a la actividad empresarial. Por lo tanto, sostengo que la falta de hospitales dignos, colegios modernos y carreteras no es culpa del libre mercado, sino de la profunda ineficiencia y corrupción en la gestión del Estado, especialmente a nivel de los gobiernos regionales y locales. El problema no es cómo se genera la riqueza, sino cómo el aparato estatal la administra y la gasta. Modificar la Constitución no hará que un funcionario corrupto o incapaz aprenda a ejecutar un presupuesto a favor del pueblo.

La izquierda insiste en que el Estado debe competir en el mercado, subsidiar industrias y administrar recursos estratégicos a la fuerza. Para mí, esto es ignorar la evidencia económica. Ya vivimos esa realidad antes de los años 90 y el resultado fue catastrófico: empresas públicas ineficientes, llenas de burocracia, utilizadas como botín político y que generaban pérdidas millonarias que terminábamos pagando todos los peruanos vía inflación. El Estado es un pésimo administrador; su función debe ser fiscalizar, regular y garantizar justicia, salud y educación, no jugar a ser empresario con el dinero de los contribuyentes.

Las propuestas de la izquierda, basadas en el control de precios, la revisión unilateral de contratos, trabas a las importaciones y la constante amenaza de nacionalizaciones, lo único que logran es sembrar pánico financiero. Si ahuyentas al capital, la economía se contrae, el empleo formal desaparece y la informalidad se dispara. Cerrar las fronteras comerciales bajo un falso nacionalismo destruye la competitividad y nos obliga a todos los ciudadanos a pagar por productos más caros y de peor calidad.

Pretender gobernar el Perú del siglo XXI con anteojeras ideológicas del siglo pasado es una receta garantizada para el desastre. La economía actual se mueve por inversión, tecnología, competitividad y confianza; variables que las agendas de izquierda radical pretenden ignorar por completo. Su insistencia en desmantelar el capítulo económico no responde a una necesidad técnica, sino a un fetiche ideológico de antaño que ya fracasó rotundamente en nuestra propia historia pre-93 y en el resto del continente. No podemos darnos el lujo de usar al país como un laboratorio para resucitar el cadáver del "Estado empresario" o el proteccionismo asfixiante. El régimen constitucional vigente no es perfecto, pero nos dio el motor más potente de nuestra historia; dinamitarlo bajo promesas populistas no es justicia social, es una irresponsabilidad histórica. La pobreza se combate generando riqueza con reglas modernas y estables, no aplicando recetas del pasado que solo aseguran la miseria generalizada.